Mtra. Giovanna Paula Bacelis Medina
Subsecretaria de Innovación, Mejora Regulatoria y Eficiencia Institucional.
En la lucha por erradicar la corrupción se han realizado varios estudios respecto a la gestión de los trámites que realizan los ciudadanos ante las autoridades de gobierno. Generalmente cuando pensamos en ir a una oficina de gobierno, esperamos perder el tiempo, pasar muchas horas para ser atendidos, excesivos requisitos, dar muchas vueltas, recibir malos tratos y hasta pagar una gratificación para obtener una respuesta rápida.
Uno de los impactos que tiene los trámites engorrosos, es que se vuelve la antesala de los actos de corrupción y la informalidad. Es necesario identificar cuáles son los costos que esto genera y el impacto sobre la economía y la confianza ciudadana. Según el último estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el costo de la corrupción en México durante 2023, ascendió aproximadamente a $11,910.6 millones de pesos, lo que se traduce en un promedio de $3,368 pesos por víctima de actos de corrupción. Además, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) de 2023 reveló que el 40.7% presento problemas para realizar pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos, y el 83.1% de la población percibe que los actos de corrupción son frecuentes en el país.
Las empresas compiten para brindar mejores productos o servicios, buscando hacerlos con la calidad necesaria, pero con el menor costo posible, para incrementar los márgenes de utilidad. Una administración pública, no diseña trámites pensando en esos costos, no crea procesos que los posicione como una mejor alternativa de servicios, simplemente elabora las regulaciones para norma el actuar de las personas a través de las leyes o reglamentos, los cuales se ejecutan en la gestión de un trámite, que generalmente no consideran aspectos de simplicidad, facilidad, rapidez y certeza jurídica, lo que ocasiona mayores cargas administrativas, también conocido como costo social, muy por encima de los beneficios para la ciudadanía.
Con la creación de la Ley General de Mejora Regulatoria, promulgada en el 2018, se establecen los principios y procedimientos para simplificar y transparentar los trámites gubernamentales, mejorar la calidad de las regulaciones y fomentar un entorno de negocios más favorable, por lo tanto, la simplificación de los trámites ya es una obligación, de todas las autoridades de Gobierno, ya sea federal, estatal o municipal, siendo sujetos obligados para implementar acciones que reduzcan los requisitos y el tiempo de los trámites, sin embargo, es un cambio que aún no vemos en todas las oficinas de gobierno.
Una de las investigaciones que cobra relevancia a nivel internacional, son los estudios practicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE 2018), en donde se ha hecho énfasis en la implementación de las políticas regulatorias de cara a los retos en la administración pública en el presente siglo, para mejorar los tratados internacionales y las buenas prácticas en modelos que simplifiquen los procesos para el intercambio internacional a través de la reducción de los costos sociales.
La Mejora Regulatoria se refiere al proceso de revisión y actualización de las regulaciones y normas existentes para hacerlas más eficientes, efectivas y favorables al crecimiento económico y el bienestar social. Esto puede incluir la simplificación de trámites, la reducción de barreras burocráticas y la promoción de la transparencia y la competitividad, a través de la implementación de las herramientas de mejora regulatoria.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023 (ENCIG) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Yucatán se encuentra en una posición relativamente mejor en comparación con otros estados en términos de percepción y costos de corrupción. Las iniciativas de mejora regulatoria y transparencia en Yucatán han contribuido a mitigar los efectos de la corrupción, aunque el impacto sigue siendo notable. Las medidas implementadas buscan aumentar la eficiencia, reducir los costos y mejorar la transparencia en la administración pública, con el objetivo de reducir la incidencia y el costo de la corrupción en la entidad.
La implementación de la Política de Mejora Regulatoria ha generado significativos cambios en la gestión de trámites en línea, desde obtener toda la información, la gestión de la solicitud, realizar el pago de derecho, hasta obtener el resolutivo. La capacitación continua del personal de atención al público
y el uso de tecnologías avanzadas han sido clave en la implementación exitosa de estas reformas. Como resultado, Yucatán se posiciona en el 1er lugar en el Indicador Nacional de Mejora Regulatoria, evaluado por el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, destacando como un referente en la materia, impulsando un entorno más competitivo y atractivo para los negocios.
Estos logros reflejan el compromiso del gobierno estatal con la modernización de su administración pública, promoviendo un desarrollo sostenible y beneficiando
En cuanto a la lucha contra la corrupción, la digitalización y la mejora regulatoria han sido herramientas esenciales. La automatización de procesos ha reducido las oportunidades de actos corruptos al minimizar la interacción directa entre funcionarios y ciudadanos hasta en un 70% directamente a la comunidad yucateca.
Para ello, el gobierno puso en marcha un trabajo de simplificación y mejora de procesos de gran impacto, permitiendo la creación de 5 plataformas principales para las adquisiciones, registros vehiculares, servicios catastrales y registrales, inspecciones y verificaciones, el mapa georreferenciado y la Ventanilla Digital de inversiones (VDI).
Con la creación de la VDI, los tiempos de respuesta se han reducido considerablemente, permitiendo a los inversionistas gestionar permisos y licencias de manera más rápida y eficaz. La Ventanilla Digital ha sido un pilar fundamental para atraer inversión extranjera, contribuyendo al crecimiento económico del estado. Este sistema ha facilitado la digitalización de más de 50
trámites, reduciendo la burocracia y eliminando la necesidad de múltiples visitas a oficinas gubernamentales.
Otra de las herramientas puesta a disposición fue la actualización del Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETYS) en julio de 2021, la cual permite a la ciudadanía iniciar sus solicitudes en línea, pasando del 8% trámites ofertados en línea a inicios de la administración, a un 75% en el 2021, permitiendo que ahora 552 de los 732 trámites ya se puedan iniciar la solicitud en línea.
También cuentan con la plataforma de expediente digital que se vincula con el RETYS y otras plataformas de gestión de trámites, cargando la documentación por única ocasión para iniciar y gestionar las solicitudes de sus trámites o servicios, y mantenerla vigente, reduciendo la entrega de documentos de forma física en cada una de sus gestiones. A través de ella, la ciudadanía cuenta con un repositorio para resguardar su documentación y su información en su expediente creado, con la finalidad de que no se les vuelva a solicitar lo que ya consté en él y solo le podrán solicitar aquella información y documentación particular o adicional. Dicha plataforma permite generar un gran impacto
en la disminución del Costo Económico Social de las y los yucatecos, al reducir los papeles y copias a entregar ante una dependencia, permitiéndoles invertir ese ahorro monetario en otras actividades más productivas.
Otra de las herramientas importantes en la lucha contra la corrupción es la Protesta Ciudadana, a través de la cual el ciudadano podrá denunciar malas prácticas, cuando con acciones u omisiones, el servidor público encargado del trámite o servicio niegue la gestión sin causa justificada, altere o incumpla con las disposiciones de la Ley.
La transparencia en los trámites y la facilidad de acceso a la información han permitido una mayor vigilancia y control, lo que ha resultado en una disminución significativa de casos de corrupción. Estas acciones refuerzan el compromiso del gobierno de Yucatán con una gestión pública íntegra y eficiente, con el apoyo de la ciudadanía, las cámaras empresariales y la sociedad civil organizada, podremos seguir haciendo una sociedad libre de corrupción, les invito aprovechar todas las herramientas y plataformas que nos simplifican la vida a todas y todos.
REFERENCIAS
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2012). Guía para mejorar la calidad regulatoria de trámites estatales y municipales e impulsar la competitividad de México.
- Ley General de Mejora Regulatoria (LGMR), última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo del 2021.
- Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (2023). Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG-2023).